Buenas tardes a todas las presentes. En primer lugar quisiéramos agradecer a la organización del Encuentro su invitación para hablar sobre la experiencia del presupuesto participativo en Porto Alegre y su relación con la mujer y el espacio urbano. Entendemos que la experiencia democrática que vamos a presentarles tiene gran interés para los debates que aquí se están produciendo pues ha revelado la enorme capacidad transformadora de modelos de participación popular como éste, que consiguen incluir en la realidad socio-política de la ciudad a los sectores sociales marginados.

Hemos asumido el desafío de intentar presentar de forma muy resumida (y simplificada) no sólo una compleja estructura de participación perfeccionada a lo largo de quince años de práctica ininterrumpida, sino algunos de sus resultados más sobresalientes en relación con los temas que se tratan en este Encuentro. Esperamos poder acercarles la propuesta del presupuesto participativo que, a pesar de su fama, sigue siendo menos conocida de lo que seguramente debería ser.

1. La ciudad de Porto Alegre

Quizás muchos de los presentes ya hayan oído hablar de Porto Alegre como sede del Foro Social Mundial en los tres últimos años, aunque quienes conozcan Brasil saben que esta ciudad de más de 1.300.000 habitantes es también la capital del estado más meridional de Brasil, situado en la frontera con Uruguay y Argentina, y que en ella unos de los mejores indicadores socioeconómicos de todo Brasil conviven con un 20% de población por debajo del umbral de la pobreza [i].

Un rasgo de Porto Alegre que siempre ha llamado atención es el alto grado de activismo político de sus habitantes, claramente superior a la media brasileña. En una ciudad que a partir de los años sesenta sufrió un proceso de crecimiento desordenado que hizo aún mayores los problemas de las zonas periféricas, dominadas por la ciudad informal, este activismo se plasmó en las reivindicaciones de mejoras en las condiciones de las infraestructuras y equipamientos.

En este contexto de movilización social por la mejora de la calidad urbana, y en plena transición democrática, gana las elecciones municipales de 1989 el Frente Popular –encabezado por el Partido de los Trabajadores–, con la propuesta de cambiar las formas tradicionales de hacer política destacando la necesidad de la participación ciudadana en la administración pública, de la rendición de cuentas del ayuntamiento a la comunidad y de la llamada “inversión de prioridades”, que supone dar preferencia a las demandas de los sectores sociales más desfavorecidos, en contra de lo que es tradicional y venía sucediendo en la ciudad.

A pesar de que la administración anterior (de centro-izquierda y de corte claramente populista) ya había promovido un tímido proceso de participación ciudadana, esa experiencia había sido un fracaso y la sociedad le exigía al nuevo equipo de gobierno que desarrollase un proceso real de participación que respondiese a las demandas de los movimientos vecinales de tener un papel en la decisión sobre las inversiones. Así, en un contexto inicialmente complejo, el Frente Popular asumió el reto de “inventar” el presupuesto participativo [ii].

2. El presupuesto participativo

El presupuesto participativo es un proceso por el que los vecinos son llamados a compartir con gobierno las decisiones sobre las políticas municipales, especialmente en la elaboración del presupuesto anual. En el caso de Porto Alegre la participación popular no se limita a las inversiones, sino que se refiere también a otros aspectos de la vida de la ciudad, como es el caso del planeamiento estratégico (a través del denominado Congreso de la Ciudad), la planificación presupuestaria cuatrienal, el presupuesto participativo en la red de enseñanza municipal, la formación de comisiones mixtas vecinos-ayuntamiento para debatir temas como la política tributaria o de personal o, por último, la existencia de Consejos Municipales en diversas áreas como la asistencia social, la educación o el acceso a la tierra y la vivienda, así como de Consejos Tutelares del Niño y el Adolescente en cada distrito. El presupuesto participativo es, en definitiva, una esfera de cogestión que combina democracia directa y democracia representativa.

Creemos que se puede obtener una buena comprensión del mismo a partir de algunos de sus rasgos más característicos. En primer lugar hay que decir que surge como algo nuevo en el ámbito de la política, que no pretende sustituir a la democracia representativa tradicional sino que la complementa, buscando ampliarla y ejercer una función de control del Estado y de los representantes políticos entre una y otra cita electoral.

Por otro lado, es un proceso que está en constante construcción. Su funcionamiento es autorregulado. Es decir, que son sus instituciones –compartidas por la sociedad civil y el gobierno– las que dictan sus propias normas de funcionamiento, que son públicas y conocidas por todos.

Es también un proceso de participación descentralizado. Para ello en un primer momento se dividió la ciudad en 16 distritos siguiendo criterios geográficos y sociopolíticos, que buscaban respetar la organización de los movimientos sociales. Años después, se crearon complementariamente seis áreas temáticas de deliberación, como una forma de hacer llegar el presupuesto participativo a aquellos sectores sociales que de una forma o de otra no estaban tan implicados en el debate en los barrios (como los jóvenes, las clases medias, los profesionales, etc).

Por último, una pieza importante dentro del presupuesto participativo es el establecimiento de los criterios que regulan el reparto de las inversiones. Se trata de asegurar que los criterios y normas que rigen la toma de decisiones sean objetivos, impersonales e universales y los procedimientos, previsibles y conocidos por todos los participantes. En este sentido, la distribución de las inversiones se realiza siguiendo unos criterios generales y técnicos. Los primeros son tres: las áreas preferentes de inversión elegidas por los vecinos de cada distrito (que deben votar tres de las trece que propone el ayuntamiento: vivienda, saneamiento básico, educación, asfaltado, medio ambiente, etc), la carencia del servicio o infraestructura en el distrito y la población total del mismo. Por su parte, los criterios técnicos son propuestos por el ayuntamiento –y pueden ser cuestionados o matizados por los vecinos– y complementan a los generales para determinados tipos de inversiones (p.e. alcantarillado).

2.1. Las instancias del presupuesto participativo
Una de las claves del éxito de esta experiencia es su organización y estructura. El presupuesto está formado por un conjunto de instancias participativas que garantizan a la sociedad civil y al gobierno el control sobre todas las fases del proceso, tal y como resumimos en el siguiente cuadro.

Cuadro 1.

Fuente: elaboración propia.

El órgano más destacado de todos ellos es el Consejo del Presupuesto Participativo (COP, según sus siglas en portugués), constituido por miembros de la sociedad civil y de la administración. Es un órgano deliberativo, mientras que los Foros de Delegados son simplemente consultivos. Es, por lo tanto, el lugar donde los vecinos –a través de sus representantes elegidos en asambleas– participan de manera efectiva en la gestión municipal. Su función es discutir, y en su caso aprobar, la propuesta presupuestaria del gobierno antes de que éste la envíe a la cámara legislativa. El COP, además, ha ido aumentando sus atribuciones con el paso del tiempo, de modo que en la actualidad los consejeros también deben tomar decisiones, o al menos deliberar y emitir una opinión, sobre otros aspectos de la política municipal como la contratación de personal municipal o las políticas de asistencia social.

2.2. El ciclo de funcionamiento
El funcionamiento del presupuesto participativo se desarrolla en un proceso cíclico y anual relativamente complejo. Combina una primera fase de participación directa de la sociedad, que tiene lugar entre los meses de marzo y julio, y una segunda fase, desde de julio hasta enero, en que los órganos representativos del presupuesto, principalmente el Consejo, ejercen la función de llevar a cabo el diálogo con el ayuntamiento en la elaboración de la propuesta presupuestaria.

Como muestra la figura 1, ese ciclo empieza con las reuniones preparatorias en los barios y las plenarias temáticas, donde los ciudadanos inician la recogida de demandas y también hacen un evaluación del año anterior, con el fin de mejorar el funcionamiento de las reuniones con los representantes del gobierno municipal.

La ronda de asambleas “oficiales” (es decir organizadas y presididas por el ejecutivo), que se realiza entre abril y marzo, es quizá el espacio más importante de la democracia directa del presupuesto participativo: en ellas se da la prestación de cuentas del ejecutivo con respecto de las actuaciones del año anterior (con la presencia del alcalde o teniente de alcalde y diversos concejales), la votación de las áreas temáticas que serán consideradas como prioritarias por el distrito y la elección de los consejeros y determinación del numero de delegados del presupuesto participativo, los cuales representarán al conjunto de los habitantes del distrito (o temática) durante el resto del año y deberán rendir cuentas ante ellos.

Terminada la ronda de asambleas oficiales, la actividad se vuelve a centrar en los barios y temáticas, donde los vecinos definen la jerarquización de las obras y servicios de cada distrito y eligen a los delegados que compondrán los Foros de Delegados [iii].

La segunda etapa del ciclo del presupuesto es la semidirecta y empieza en julio con la formación del Consejo del Presupuesto Participativo. Éste deberá discutir, y en su caso aprobar, tanto las directrices presupuestarias (en un primer momento, hasta septiembre), como el presupuesto definitivo (posteriormente, hasta noviembre) que habrán elaborado los servicios técnicos del ayuntamiento integrando todas las demandas vecinales. Ambos documentos, resultantes de la deliberación de vecinos y gobierno, deberán ser presentados a la Cámara Municipal de Representantes, responsable de su aprobación definitiva.

El ciclo se cierra entre noviembre y enero, cuando los actores responsables de la puesta en marcha del presupuesto, el gobierno y la sociedad civil, hacen un balance crítico del proceso anual y proponen modificaciones del mismo.

Fig. 1 Ciclo del presupuesto participativo

3. La construcción de la CIUDAD

Uno de los grandes impactos del presupuesto participativo, en tanto que proceso de construcción colectiva del espacio urbano, es la transformación de las condiciones materiales de vida de una gran parte de los portoalegrenses.

Hay que señalar en primer lugar que esta transformación no se debe únicamente al presupuesto participativo, es decir al hecho de que la población participe en la definición de las políticas públicas –especialmente en las inversiones municipales–, sino también al “buen gobierno” que ha sido una característica de todos los gobiernos de la llamada Administración Popular. Éste se traduce en una administración más eficaz, transparente y coordinada y en una mayor eficiencia económica –gracias a la reducción de costes, a una mejor coordinación en la ejecución de las políticas o a la reducción del fraude fiscal, entre otros factores.

Pues bien, la suma del “buen gobierno” y de la práctica del presupuesto participativo [iv] ha producido unos notables resultados materiales, como resumimos en el cuadro 2. Hay que señalar, además, que estas actuaciones se han concentrado en los sectores urbanos tradicionalmente más marginados.  

ALGUNOS RESULTADOS (1989-2000):
- Cobertura de la red de alcantarillado: del 56 al 84%.
- Tratamiento de las aguas residuales: del 2 al 27%.
- Asfaltado de 240 km de calles (20 km/año).
- Recogida de basura: 98%.
- Agua corriente: 99%.
- Políticas sociales (educación o sanidad).

Por lo tanto, en un contexto regional de éxodo rural y de aumento de la pobreza, estos resultados y otros muestran que en Porto Alegre se ha conseguido no sólo reducir la pobreza (casi una excepción en Brasil)[v], sino mejorar las condiciones de vida de las clases populares al frenar ese deterioro del tejido urbano que ha caracterizado a las ciudades latinoamericanas también en los años noventa.

Por último, hay que mencionar algunos resultados también importantes en el ámbito de las políticas sociales, como el hecho de que se haya triplicado el número de  guarderías infantiles o la mejora en la atención sanitaria primaria. Hay que decir también que a medida que se han ido cubriendo las grandes necesidades en materia de infraestructuras, las políticas sociales han ido tomando una importancia creciente en el presupuesto participativo (con la aparición, por ejemplo, de la educación y la asistencia social entre las seis primeras prioridades de la población en los últimos años).

No obstante, hay otros aspectos en que los resultados no son tan notables. Uno de ellos es la vivienda, que siempre ha sido una de las grandes demandas de la población y que en los tres últimos años ha sido elegida por los vecinos como la principal prioridad en el conjunto de la ciudad. Aunque el debate sobre porqué unos temas tienen una respuesta mejor que otros en el presupuesto participativo es complejo, se debe señalar que los peores resultados en este ámbito se deben, al menos en parte, a la complejidad administrativa, económica e incluso política del tema (por ejemplo, la regularización de la propiedad, que es la principal demanda, requiere de expropiaciones, por lo que se demora en el tiempo, exige capacidad inversora del ayuntamiento, etc), así como a ciertas resistencias por parte de un buen número de los técnicos municipales, vinculados a un urbanismo más tradicional, poco acostumbrados por lo tanto a dialogar con la población o a promover vivienda barata y no grandes intervenciones (lo que sucedió sobre todo en el primer periodo de gobierno).

3.1. El presupuesto participativo en el conjunto de la ciudad
Si bien es fácil entender el impacto del presupuesto participativo en los barrios a través de pequeñas actuaciones, pueden surgir dudas sobre cómo funciona este mecanismo con relación a otros aspectos de la construcción de la ciudad como las grandes intervenciones o los diversos tipos de conflictos de intereses.

Durante la Administración Popular se han realizado varias obras de importancia en la ciudad, como la construcción de un tercer anillo de circunvalación, un proyecto de saneamiento integral del río Guaíba (en cuya desembocadura se encuentra la ciudad) o la remodelación de diversas avenidas urbanas. En su mayoría han tenido lugar en los últimos años, aprovechando que la situación saneada de las finanzas municipales les permite un buen acceso a créditos y préstamos externos (de instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial). Esto supone que los recursos propios utilizados son relativamente menores, sin embargo el gobierno municipal sigue defendiendo el interés de la realización de estas actuaciones en las instancias del presupuesto participativo y, en ese marco, si se realizan es porque son aprobadas por los vecinos.

No entraremos en detalle en la cuestión de los conflictos de intereses, pero hay que decir que el presupuesto participativo tiende a producir en la ciudadanía un aumento de la cultura democrática y de los conocimientos sobre los diferentes aspectos de la vida y gestión de la ciudad, por lo que en general los conflictos se resuelven mediante el diálogo y el consenso. No obstante, se debe señalar que hasta el momento, a pesar de diferencias menores, hay una sintonía global entre los participantes en el presupuesto participativo y el gobierno local, por lo que se han soslayado la mayoría de los conflictos.

4. La participación ciudadana

4.1. La participación en cifras
El último aspecto de la experiencia de Porto Alegre que presentamos es también uno de los que provocan mayor interés. Cómo se produce la participación en el presupuesto participativo: ¿cuánta gente participa? ¿quiénes son? ¿qué les motiva?

Desde el punto de vista cuantitativo, la participación ha seguido una tendencia siempre creciente aunque poco acusada. En la tabla adjunta se reflejan los datos de participación correspondientes a las asambleas oficiales más concurridas de cada año. La cifra real de participación, por lo tanto, debe ser algo mayor (recordemos que había numerosas reuniones de los vecinos, en los barrios y temáticas, de preparación, evaluación, etc de las reuniones oficiales). Se calcula que se ha alcanzado una participación en torno a las 25.000 personas.   

Fuente: CIDADE (2002)

Esta cifra total, a pesar de su importancia en términos absolutos, no es demasiado grande para una ciudad de 1,3 millones de habitantes (supone entre el 1,5 y el 5-6% de la población total, respectivamente dependiendo de que se cuenten sólo las asambleas oficiales o se siga la previsión más optimista). Aunque haremos referencia de nuevo al aspecto cuantitativo de la participación al final de esta presentación, conviene complementar estas cifras con sus aspectos cuantitativos.

Por último, también tiene interés comentar que los distritos en que está dividida la ciudad tienen un tamaño muy variable (desde más de 200.000 habitantes, hasta unos 20.000) y la participación se produce también de forma variable entre ellos: es mayor en los más pobres y en aquellos de menor tamaño, en los que las asambleas oficiales llegan a atraer al 4% de la población (Navarro, 2002). Parece, por lo tanto, que hay situaciones objetivas, de renta y de cercanía del proceso, que favorecen la participación.

4.2. Quién participa
¿Y qué sucede desde el punto de vista cualitativo? El perfil de los participantes se conoce porque el ayuntamiento, junto con algunas ONGs, y en ocasiones con la participación de investigadores universitarios, realiza estudios sobre los participantes (características socio-políticas, relación con el presupuesto participativo, motivación para participar, etc) aproximadamente cada tres años. Los dos últimos, 1998 y 2001, muestran resultados muy similares, es decir, hay una cierta estabilización en el tipo de participantes.

Según la ONG CIDADE el participante tipo sería una “mujer, casada, con más de 34 años, cuya renta familiar es inferior a cuatro salarios mínimos, que sólo tiene escolarización básica, es trabajadora manual no cualificada del sector privado con una jornada semanal de 40 a 44 h. y que participa en asociaciones vecinales pero aún no ha sido elegida para hacerlo en los órganos del presupuesto participativo.” (CIDADE, 1999). Aunque en principio, la participación es relativamente equilibrada entre ambos sexos y entre los distintos grupos de edad, se observa un leve predominio de las mujeres (cuya presencia tiende a crecer en las bases del presupuesto participativo en los últimos años), así como de los adultos entre 34 y 40 años y mayores de 50 (estos últimos por la mayor disponibilidad de tiempo).

Además, más de la mitad de los participantes tenían una renta familiar inferior a cuatro salarios mínimos y casi un 30% inferior a dos salarios mínimos [vi].

Por último, tiene interés reseñar que la valoración que los participantes hacen del presupuesto participativo es globalmente bastante positiva: algo más del 60% no es la primera vez que participa, un 58,5% ya ha visto cómo se realizaban en su barrio obras o servicios decididos por los vecinos en las instancias del presupuesto participativo y en torno a un 60% piensa que la participación es efectiva, es decir que tanto sus representantes como el gobierno hacen “siempre” o “casi siempre” lo que deciden los vecinos.

4.3. La participación de la mujer
Nos podemos preguntar entonces cómo se produce la participación de esas mujeres que acabamos de ver que tienden a predominar en los barrios. Se trata, en realidad, de una situación muy similar a la que se da en otro tipo de instancias: a pesar de una posición en la base similar a la del hombre, e incluso superior, su presencia se hace mucho más reducida en las superiores.

Hay que decir que ese predominio en la base está ligado, muy posiblemente, al hecho de que la participación en el presupuesto participativo tiene resultados tangibles en su vida y la de su entorno. En este sentido, es muy elocuente el ejemplo de São Paulo, donde se empezó un presupuesto participativo en el año 2000 ligado únicamente a las inversiones en educación y sanidad. Si ya en el primer año las mujeres tuvieron una presencia claramente superior, en el segundo llegaron a suponer el 67% de los participantes.

Como decíamos, sin embargo su presencia se reduce a medida que se asciende en la estructura del presupuesto participativo, de modo que, por ejemplo, en el año 2000-2001, de un total de 88 participantes en el COP sólo había 32 mujeres, y de ellas únicamente 12 titulares (Gret y Sintomer, 2003: 104). En todo caso, su participación aquí es mucho mayor que en las instancias tradicionales de poder, como la política a cualquier escala.

5. Balance y retos

Quisiéramos terminar esta breve presentación del presupuesto participativo de Porto Alegre que, recordemos, cumple 15 años, haciendo un breve balance del proceso. Nos parece interesante no sólo en sí sino también como ayuda para imaginar algunos de los desafíos y obstáculos que podrían enfrentar, por ejemplo, las recientes experiencias españolas.

Posiblemente su mayor éxito haya sido una trasferencia neta de renta hacia las clases populares (Marquetti, 2002), que se ha plasmado en una notable mejora de su calidad de vida y en la demostración de la capacidad de éstas para cambiar su entorno (algo conocido, aunque poco frecuente en los discursos oficiales sobre la participación ciudadana: que la educación formal o la capacitación técnica no son requisitos indispensables para una toma de decisiones correcta y de calidad en las cuestiones que atañen a la vida de las personas).

Otros aspectos también muy positivos tienen que ver con la difusión de una cultura democrática y asociativa entre la población. En este sentido, resulta muy interesante la constante ampliación de los espacios de decisión de la ciudadanía ya señalada, a pesar de su dificultad para lograr niveles de participación similares a los del presupuesto participativo en los barrios.

A pesar de todo esto (o, más bien, como es evidente), no todo es de color rosa. Algunos autores y ONGs que estudian el proceso comentan que tras un fuerte auge a mediados de los noventa –que se correspondió también con el comienzo de su repercusión internacional a partir de la Conferencia Hábitat II en Estambul– se produce recientemente una sensación de estancamiento del proceso (véase, por ejemplo, Navarro 2002), que se manifiesta tanto en las cifras de participación ya mencionadas, como en el hecho de que el constante aumento de la capacidad inversora del municipio al que estaba ligado el desarrollo del proceso tenga necesariamente un techo –que ya se está viendo– o de que la constante ampliación de las instancias de participación no haya estado ligada a un aumento del número de participantes.

Entre las posibles respuestas a esta situación mencionaremos dos. En primer lugar, tendría interés una mayor independencia con respecto al ejecutivo municipal (el proceso aún depende en gran medida de las formas de organización, la oferta de información e incluso la propuesta de los temas a tratar que hace el gobierno)[vii]. Asimismo, otra posible solución está ligada a un aspecto fundamental en todos estos procesos: un mayor impulso educativo que ayude a transformar la tendencia a la forma “fácil” de hacer presupuesto participativo, que es pedir (“mi calle”, “mi barrio”...), en un proceso de codecisión sobre las políticas, el modelo de ciudad y de convivencia, etc. Es precisamente en este ámbito en el que se enmarcan los frecuentes debates que tienen lugar en la ciudad sobre las posibles formas de evolución del presupuesto participativo.

Creemos que estos factores (que se resumen en el fortalecimiento de las instancias autónomas de la sociedad) podrían ayudar, además, a romper ese techo en las cifras de participación convocando a un mayor número de vecinos que actualmente encuentran pocas motivaciones para participar: unos por ser más pobres –que en muchos casos no consiguen organizarse para participar de forma efectiva–, otros por ser más ricos y otros, tal vez, por no sentirse representados por otros motivos.

Así pues, aunque el presupuesto participativo no está acabado o carente de problemas, ni es la respuesta definitiva a los muchos problemas de nuestras democracias o de la gobernabilidad de las ciudades actuales, es indudable que se trata de un proceso aún novedoso que nos ofrece interesantes estímulos y que debe ser tenido en cuenta.

Muchas gracias por su atención.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Barceló, Sara y Zainer Pimentel (2002). Radicalizar la democracia. Porto Alegre, un modelo de municipio participativo. Los Libros de la Catarata, Madrid, 195 pp.

- CIDADE (1999). Quem é o público do Orçamento Participativo: seu perfil, porque participa e o que pensa do processo. CIDADE (Centro de Assessoria e Estudos Urbanos) y Ayuntamiento de Porto Alegre, Porto Alegre.

- CIDADE (2002). La tabla de cifras de participación han sido tomadas de la web de la ONG CIDADE (www.portoweb.com.br/ong/cidade) en enero de 2003.

- Marquetti, Adalmir (2002). “Participação e Redistribução: o Orçamento Participativo em Porto Alegre”. En www.democraciaparticipativa.org (abril, 2003).

- Gret, Marion e Yves Sintomer (2003). Porto Alegre: la esperanza de otra democracia. Debate, Barcelona, 174 pp.

- Navarro, Zander (2002). “O ‘Orçamento participativo’ de Porto Alegre (1989-2002): um conciso comentario crítico”. En www.democraciaparticipativa.org (abril, 2003)

Sara Barceló Cordón y Zainer Pimentel C. Costa

[i] El Índice de Desarrollo Humano del PNUD situaba a Porto Alegre en la primera posición entre los municipios brasileños de más de 500.000 habitantes en 1991; y en la revisión de 2000 se mantiene entre los tres primeros (los resultados se pueden consultar en http://www.undp.org.br/IDHM-BR%20Atlas%20Webpage/index.asp).
[ii] No había una metodología y los primeros intentos generaron frustración ya que las expectativas de los movimientos sociales eran muy grandes; tampoco había experiencia de gobierno y hubo que afrontar graves tensiones, internas y con los técnicos municipales; y además, la situación financiera del municipio era muy difícil y la capacidad de inversión extremadamente reducida (Barceló y Pimentel, 2002).
[iii] El presupuesto participativo contó con dos rondas de asambleas oficiales hasta 2002.
[iv] Que se retroalimentan mutuamente, ya que, por ejemplo, la transparencia y objetividad del presupuesto participativo reducen la corrupción y el clientelismo, lo que redunda en menores costes de las obras y servicios.
[v] Según el Mapa del Hambre realizado por la Fundación Getulio Vargas en 2001, sólo dos ciudades en Brasil han visto reducirse, aunque levemente, sus niveles de pobreza: Porto Alegre y Salvador. (http://www.fgv.br/ibre/cps/mapa_fome.cfm).
[vi] El salario mínimo brasileño es muy bajo y corresponde aproximadamente a unos 100 $ mensuales.
[vii] Con ello no rechazamos la participación estatal, que, por ejemplo, ha tenido una gran influencia en la motivación de los participantes o en la promoción de la aplicación de criterios objetivos y de justicia social en el reparto presupuestario, sino que proponemos un fomento de la autonomía de las instancias vecinales.

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